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El Congreso Colombiano de Infraestructura volvió a poner sobre la mesa los principales desafíos que enfrenta el país para sostener su crecimiento, cerrar brechas territoriales y recuperar la confianza de inversionistas y desarrolladores. Las discusiones de este año revelan un diagnóstico claro: la infraestructura necesita visión de largo plazo, seguridad jurídica y una capacidad real de ejecución que hoy se encuentra tensionada. En Madero Asociados seguimos de cerca estas conversaciones porque reflejan lo que está en juego para el país y para los proyectos que acompañamos.
Desde 2019 se ha reducido de manera considerable la estructuración, adjudicación y ejecución de grandes obras. La menor inversión pública y privada anticipa un riesgo silencioso para el crecimiento económico del país. Sin un pipeline robusto de proyectos estratégicos, será difícil mantener la competitividad y atender las necesidades de conectividad de la próxima década.
Los actores del sector coincidieron en que los constantes cambios normativos y regulatorios afectan la seguridad jurídica. La infraestructura depende de contratos de largo plazo, y la inestabilidad normativa eleva los riesgos para contratistas, financiadores y entidades públicas, encareciendo los proyectos y erosionando la confianza.
Un informe presentado por la CCI y ANIF fue contundente: Colombia requiere cerca de 19 billones de pesos anuales para cumplir con el Plan Maestro Intermodal 2021–2051. Las fuentes actuales, como peajes y vigencias futuras, no resultan suficientes para cerrar la brecha. Sin mecanismos adicionales de financiación, muchos proyectos no podrán avanzar.
El 2025 estuvo marcado por una ejecución presupuestal inferior a la esperada. Esto, sumado a la escasez de nuevos proyectos nacionales, amplía la brecha de infraestructura y limita la capacidad del sector para actuar como motor contracíclico en momentos de desaceleración económica.
Las entidades territoriales se consolidan como protagonistas en la estructuración y financiación de proyectos, especialmente aquellos relacionados con infraestructura social: vivienda, parques, vías urbanas y equipamientos comunitarios. El caso del Metro de Bogotá fue un punto de referencia. La expectativa del sector es que su papel se fortalezca en 2026 y los años siguientes, en un contexto de menor actividad desde el nivel nacional.
Los empresarios insistieron en la importancia de que el Estado cumpla las vigencias contractuales y garantice el flujo de recursos provenientes de los peajes. Las suspensiones, bloqueos y falta de intervención oportuna han generado sobrecostos y tensiones con comunidades. Este fenómeno impacta en los precios unitarios, en los riesgos asumidos por las partes y en la viabilidad misma de los proyectos.
La Contraloría anunció un fortalecimiento de su rol preventivo en proyectos de infraestructura. Actualmente, cerca de 1.200 proyectos están suspendidos o en riesgo, lo que refleja la magnitud de los desafíos de planificación, supervisión y control que enfrenta el país.
El sector registra un aumento en arbitrajes relacionados con infraestructura. No obstante, también se destacó la mayor efectividad de la Agencia Nacional de Infraestructura en la defensa de los intereses del Estado, lo que ha llevado a que los tribunales no otorguen la totalidad de sus pretensiones.
Los paneles de expertos (dispute boards) y la amigable composición permanente continúan consolidándose como alternativas ágiles para resolver conflictos y evitar retrasos. Para proyectos de gran escala, estos mecanismos requieren no solo criterio técnico, sino también una comprensión jurídica y financiera que permita decisiones equilibradas.
La reciente incorporación de Colombia a la Convención de las Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales resultantes de la Mediación (Ley 2309 de 2023) fortalece este mecanismo como una vía confiable para resolver disputas contractuales, especialmente en escenarios transfronterizos.
Durante el Congreso de la CCI se dejó claro que la infraestructura colombiana atraviesa una etapa decisiva. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la disponibilidad de mecanismos de resolución de controversias y una estrategia clara de financiación serán esenciales para avanzar. Estos retos exigen análisis riguroso, criterio estratégico y una visión integral que permita transformar los conflictos y desafíos en oportunidades reales de desarrollo.