En un contexto de desconfianza institucional y creciente complejidad regulatoria, los gerentes jurídicos tienen un papel estratégico: proteger la reputación, fortalecer la ética corporativa y construir confianza desde la gestión legal.
En un entorno marcado por la desconfianza social, la polarización y la complejidad regulatoria, el rol de la gerencia jurídica está viviendo una transformación profunda.
Según el Edelman Trust Barometer 2025, el 61 % de las personas a nivel mundial expresa descontento frente a empresas y gobiernos, y Colombia se encuentra entre los países con mayores niveles de desconfianza. Aunque el sector empresarial sigue siendo la institución más confiable, esa confianza es frágil y puede deteriorarse rápidamente cuando aumenta la inconformidad social.
En este escenario, los gerentes jurídicos se sitúan en el centro de una responsabilidad estratégica: anticipar riesgos, proteger la reputación corporativa y contribuir a la legitimidad empresarial. El Foro Económico Mundial (2024) advierte que reconstruir la confianza será un elemento esencial para la resiliencia institucional en los próximos años.
La pregunta clave ya no es solo “¿es legal?”, sino también “¿es correcto?”. La función jurídica contemporánea debe trascender el cumplimiento normativo para incorporar asuntos públicos, sostenibilidad, gobierno corporativo y gestión de grupos de interés.
Investigaciones de la Universidad de Harvard resaltan que el abogado corporativo moderno debe equilibrar desempeño con integridad, convirtiéndose en una voz ética dentro de la organización.
Esto implica fortalecer la cultura de integridad, garantizar mecanismos de denuncia y control efectivos, y asegurar coherencia entre los compromisos de la empresa y su actuación real. En tiempos de desinformación, esa coherencia es el fundamento sobre el que se sostiene la confianza.
Hoy, el gerente jurídico debe evolucionar de ser un garante del cumplimiento a un aliado estratégico de la dirección.
Su papel no consiste únicamente en responder ante los riesgos, sino en anticiparlos y gestionarlos desde una comprensión profunda del entorno legal, social y reputacional.
Participar activamente en la toma de decisiones corporativas, integrar la perspectiva jurídica a la estrategia de negocio y promover una cultura de responsabilidad son ahora responsabilidades centrales de esta función.
Participar en comités estratégicos (riesgos, sostenibilidad, auditoría y reputación), aportando una visión integral del entorno.
Impulsar culturas internas de integridad, con liderazgo visible desde la alta dirección.
Implementar mecanismos de denuncia y seguimiento que permitan detectar alertas tempranas.
Supervisar a terceros mediante cláusulas contractuales, debida diligencia y controles de cumplimiento.
Desarrollar sistemas de alerta temprana sobre riesgos legales, reputacionales y tecnológicos.
Capacitar de manera continua al equipo jurídico en negocio, ética y gestión de grupos de interés.
Promover transparencia y rendición de cuentas, con avances verificables.
La confianza institucional no se decreta, se construye con coherencia, transparencia y decisiones responsables.
El desafío de la gerencia jurídica moderna no es únicamente evitar riesgos, sino ayudar a que las organizaciones actúen con integridad y propósito, fortaleciendo su legitimidad ante los grupos de interés.
El derecho, entendido como una herramienta estratégica, permite que las empresas sean más confiables, sostenibles y capaces de generar valor a largo plazo. Ese es el verdadero impacto de la función jurídica: convertir la integridad en una ventaja competitiva y la confianza en un resultado medible.